La justicia española no sera democrática hasta que los jueces franquistas pidan perdón por la impunidad que propician y entreguen las togas.
Si podemos disolver un partido por no querer pronunciarse contra el terrorismo etarra; también podríamos suspender y apartar a los jueces que amparan y defienden la impunidad del terrorismo franquista y la corrupción institucional, terrorismo y corrupción que hoy se ven personalizados y consagrados en los dirigentes del Partido Popular; digo *terrorismo porque la doblez de la justicia española causa terror a las victimas y aporta impunidad a los verdugos, que valiéndose de ella medran e intimidan.
La reciente suspensión del Juez Baltasar Garzón, es una sectaria cacicada que ridiculiza las instituciones judiciales españolas y menoscaba la credibilidad de la justicia patria; en cuyo Consejo General del Poder Popular se consagra y personaliza la manipulación sectaria e interesada, junto a la desfachatez supina.
Éste fraude consciente y premeditado fue urdido para sacar de la circulación a un magistrado, que en cumplimiento del ordenamiento jurídico en vigor y los acuerdos internacionales firmados por el Estado español, ha perseguido la localización de los forzadamente desaparecidos; españoles en paradero desconocido, que fueron secuestrados y masacrados por los golpistas como parte de su estrategia, tendente a tomar el poder a mano armada.
El secuestro y desaparición está tipificado en el ordenamiento jurídico como delito de lesa humanidad y por ello no puede ni debe prescribir, mientras no se conozca el paradero de las victimas; por esto y en cualquier caso, el periodo de prescripción únicamente podría iniciarse tras la aparición de los restos mortales; condición imprescindible para su prescripción, pues quienes a fecha de hoy permanece desaparecido o tiene familiares desaparecidos, están sufriendo dicho delito infame, cruel y detestable, a fecha de hoy; y por ende, con la bendición de los jueces.
La invocación de una ley de Amnistía o punto final, sin encaje posible en la legalidad vigente y que contradice, descarada y abiertamente, los acuerdos internacionales firmados por el Estado Español es una demostración palmaria de la ética y altura moral que adornan al magistrado que la invoca mediante filigranas procesales, medias tintas y el consabido lenguaje críptico-judicial pergeñado para el fraude y el mangoneo, a fin de conseguir la suspensión del juez Garzón, el azote de la delincuencia terrorista, ya sea la practicada por los etarras o por los franquistas.
Pretender imponer los intereses de los franquistas por encima de los derechos humanos de sus víctimas, además de ser inmoral (Un contra Díos) es prueba tangible y suficiente de lo falsaria que es la interpretación de la legislación, que utilizan ciertas Señorías para garantizar la impunidad de los saqueadores franquistas; una banda de pistoleros que aun después de muertos, siguen siendo aupados por encima de la ley y la justicia.
Estas marrullerías burocráticas, artificios administrativos o argucias procesales son, en opinión del firmante, las que mantienen a la justicia española en el más absoluto descrédito internacional y demuestran suficientemente que la gran mayoría de Sus Señorías juraron sus cargos con los dedos cruzados a la espalda.
Cuando además, con sus actuaciones el Juez Garzón, persigue la reparación del daño ocasionado a las víctimas, víctimas de sumarios dadaístas y de unos jueces corruptos que enjuiciaron sin garantías procesales, en juicios sumarísimos y usando normas ilícitas, impuestas a mano armada y subvirtiendo la legalidad vigente; es notorio que la actuación del Juez Garzón, buscaba únicamente la reparación del daño infligido, sin entrar en la depuración de responsabilidades ni en solventar indemnizaciones; cuestión que en vista de la reacción desatada, nos llevaría a concluir que las responsabilidades y los botines han de ser realmente tan notables y rentables como infames, puesto que los herederos y deudores de los franquistas reaccionan tan furibundamente.
Descrédito internacional de la justicia española
Estas marrullerías, argucias o artimañas procesales son, en mi opinión, las que mantienen a la justicia española en el más absoluto descrédito internacional; pues todo el mundo sabe lo se cuece, salvo honrosas excepciones, tras la apariencia de legalidad que pretenden, y no logran, proyectar los juzgados españoles.
Unos pocos ejemplos de esta realidad tangible y demostrable [Lo estoy deseando] son: La inverosímil velocidad de lectura [Que de ser cierta, le abría causado daños neuronales] que dice alcanzar cierto juez valenciano. La impunidad del ex alcalde de Alicante [Por el que don Mariano Rajoy puso la mano en el fuego] con respecto a su, más que probable implicación en la autoría de las "amenazas por carta con bala" [Muy oportunas para sus intereses, por cierto]. O la "absolución" de Díaz de Mera, tras mentir en acto publico y sede judicial, con la clara intención de influir en los resultados electorales; engañifa que, por cierto, le reporto un acta de parlamentario europeo en representación del Partido Popular. O la "más que amistad" que cultiva determinado magistrado con cierto y elegantísimo imputado [Por el que don Mariano Rajoy puso la mano en el fuego]. O las declaraciones que vomitó cierto magistrado español, apoyando y justificando el reciente golpe de estado en Honduras.
Así y ante ésta retahíla de antecedentes o indicios, los jueces de los países democráticos de nuestro entorno [Que se encuentran fuera del alcance franquista] no aceptan, ni acatan, ni toman en consideración las sentencias de unos jueces que vienen mostrándose más comprometidos con el vernáculo golpismo franquista; que con la verdad, la justicia y la transparencia.
Consecuencias del desprestigio
Una de las primeras consecuencias de dicho desprestigio, es que posibilita casos como el de la señora Carrascosa, que contando con sentencia favorable de un juez español, que le otorga la tutela de su hija, se encuentra recluida en una cárcel estadounidense por el secuestro de dicha menor; lo que unido a la total ausencia de respuesta por parte del juez emisor de la citada sentencia "a la española" y del Poder Judicial español, viene a poner en evidencia lo ajeno a la verdad, la imparcialidad y la justicia de, por lo menos, dicha sentencia.
El secuestro y desaparición está tipificado en el ordenamiento jurídico como delito de lesa humanidad y por tanto, no puede ni debe prescribir mientras no se conozca el paradero de las victimas.
Excelentísimo Señor Rajoy:
La imagen de nuestro país en el exterior, es precisamente la imagen de los niños del IES Luis Vives estudiando con guantes, manta y bufanda mientras los corruptos del partido que usted dirige se gastan los dineros públicos [españoles y europeos] en darle publicidad a sus elegantísimas personas y claro esta, en proporcionarle muy jugosas comisiones ilegales al "Bigotes" y compañía.
*terrorismo.
1. m. Dominación por el terror.
Ernesto Contreras Cazaña
